Formación en línea

La educación es el pilar esencial de toda sociedad. Entre sus fines destaca el compromiso de formar una ciudadanía democrática y colaborar en la prosperidad económica de una sociedad donde cada individuo tenga igualdad de oportunidades educativas y formativas y donde se garantice el bienestar individual y colectivo. Asumiendo que una buena educación de calidad es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de su ciudadanía, los sistemas educativos que se han ido implantando y se han ido adaptando a la realidad social del momento con el fin de conseguir sus propósitos. De esta forma, los sistemas educativos han ido evolucionando y adecuándose a los cambios, a las necesidades y a las expectativas existentes en cada momento histórico hasta la actualidad. De ahí deriva su carácter dinámico y flexible, creándose la necesidad de continuar actualizándolos de manera permanente, siempre con el objetivo de garantizar una educación donde la calidad y la excelencia estén vinculadas a la equidad, a la atención personalizada y a la autonomía en los centros.

En este sentido, la educación inclusiva supone dar respuesta a la diversidad del alumnado y garantizar la equidad y la educación de calidad. Bajo este prisma de la inclusión, la ley contempla la adopción de medidas organizativas, metodológicas y curriculares conforme a los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), como se indica en el punto 3 del artículo 4 de la ley, relativo a la enseñanza básica.

Además, en el artículo 27 de la Constitución Española, se recoge la educación como derecho fundamental, destacando los siguientes aspectos:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
   
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
   
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
   
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
   
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 
   
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
   
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
   
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
   
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Por tanto, la educación es un derecho para toda la ciudadanía y, en consecuencia, las políticas educativas deben garantizar que esté al alcance de todos los estudiantes, preparándolos como futuros ciudadanos autónomos. 

La LOMLOE toma como referencia el objetivo esencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , que perseguía proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo. Es decir, los principios de equidad y de calidad se unen y constituyen la base de la educación. La LOE también subrayaba el compromiso imprescindible de todos los componentes de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad para garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos . Asumiendo este objetivo como punto de partida, la LOMLOE incorpora mejoras y actualiza el sistema educativo a la realidad social actual.

Antes de comenzar a profundizar sobre la nueva ley, se considera adecuado hacer un recorrido por las distintas normas postconstitucionales que se han ido estableciendo y sus características más relevantes. Como se muestra en el siguiente gráfico, las leyes de educación han ido evolucionando a lo largo de la historia, incorporando aspectos que pudieran dar respuesta a las necesidades sociales del momento. Desde la Ley Orgánica 4/1985 (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,  LODE) que impulsó la participación de estudiantes, familias y docentes en la gestión de los centros a través de los consejos escolares, las distintas leyes educativas han ido adaptándose a la sociedad de cada época, buscando una educación de mayor calidad, equitativa e inclusiva adaptada a todos los ciudadanos. En este proceso también se han ido modificando las competencias administrativas en términos educativos, incrementando la participación de las comunidades autónomas en la educación de sus ciudadanos.

En el año 2021 entra en vigor  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que queda modificada la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, contemplando algunas modificaciones en diferentes aspectos del sistema educativo (descritas más adelante) y en la que se plantea un currículo educativo que apuesta por un enfoque competencial de la educación, buscando formar ciudadanos autónomos, capaces de resolver con garantías los desafíos y retos del siglo XXI, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia educativa.